Cuatro jóvenes mutilados por bombas racimo.
A. MARTÍNEZ.
Kike Figaredo,
el obispo de la silla de ruedas, ha vuelto a España
para pedir al Gobierno que adopte "un papel
más pro activo contra las bombas de racimo".
En otras palabras, que prohiba la producción,
comercialización y almacenamiento de este
tipo de explosivos -que almacenan "decenas
o cientos" de municiones en su interior que
se diseminan por el terreno a la espera de que
alguien las active- como hizo con las minas antipersonales
en su momento.
Figaredo debe el sobrenombre al trabajo que realiza
con niños mutilados por explosivos desde
hace 22 años en Camboya. Él es la
cara de una petición que Greenpeace y la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) hacen al Gobierno de cara a la reunión
que tratará el tema en Viena esta semana.
Uno de sus argumentos: el 98% de las víctimas
de estos artefactos son civiles, y la mayoría
niños que se ven atraídos por sus
colores brillantes.
El jesuita se rodeó de cuatro menores camboyanos
para mostrar los efectos que tienen las bombas
en las personas "dos o tres veces al día".
100.000 vidas truncadas
Mek Channeng, de 19 años, es uno de ellos.
Pisó una mina cuando la vida le empezaba
a sonreír a los 16 años. Sólo
conserva el brazo derecho. Él le puso palabras
al horror: "Me decía, '¿qué
va a ser de mi vida?'. No oía, no hablaba.
No quería saber nada de nadie, ni vivir".
Según avanza su historia, una de las 100.000
vidas que Greenpeace calcula se han cruzado con
una bomba de racimo, se le entrecorta la voz y
enrojecen los ojos. Contactó con el padre
Kike: "Allí vi que había más
mutilados. Que reían y estudiaban. Todos
me apoyaron. Podía ser uno de ellos",
recuerda.
Para que no haya más Mek -ni Khun, ni Mao
ni Smak, los otros niños-, España
debe prohibir las bombas de racimo, dice el padre
Kike. "Porque las tiraron hace 30 años,
pero siguen explotando. No es un problema de ayer".
Fuente: ADN
