«Dios
da pan a quien no tiene hambre», se lamentaba
con sorna su sobrino Ramón, un informático
que había llegado apenas un día
después que la estrella para instalar unos
equipos en el centro. Pero para Kike, como conocen
todos por aquí a este cuarentón
campechano y tierno que lleva dos décadas
trabajando con los mutilados por las minas y la
polio, lo importante es contribuir a «situar
Camboya en el mapa». Y para ello tanto le
vale el paso de `la´ Jolie, de la reina
Noor –heredera de Diana de Gales en su misión
de erradicar las minas antipersona– o, como
hace apenas un mes, de la Reina Sofía.
Después de tres décadas
de guerra, la violencia cesó en
Camboya a finales de los 90, pero todavía
las minas que lanzaron sobre su geografía
americanos, vietnamitas y los propios jemeres
rojos camboyanos siguen mutilando a una persona
cada día: campesinos que se cruzan con
una a la vuelta de un sembrado o chavales que
salen a jugar y que, cuando meses después
regresan a casa, lo hacen en silla de ruedas o,
con algo más de suerte, por su propio pie,
aunque con una pierna de madera.
Camboya, que encabeza el ranking de prostitución
infantil y sida en el sudeste asiático,
se disputa con Afganistán y Angola el también
descorazonador primer puesto de ser una de las
esquinas más minadas del planeta: en este
país de 14 millones de almas, uno de cada
236 habitantes está discapacitado, y, a
pesar de las campañas de limpieza, se estima
que aún queda una mina por cada dos habitantes.
Cerca de la mitad de sus aldeas tiene a su vez,
o ha tenido, áreas afectadas por las minas,
un tipo de arma concebida no tanto para matar
como para `sólo´ mutilar, algo más
gravoso, si cabe, para una familia empobrecida,
ya que supone mantener una boca más y asumir
de por vida los gastos de alguien que difícilmente
podrá trabajar o valerse por sí
mismo. Son, de hecho, los costes de hospitalización,
imposibles de afrontar, los que acaban llevando
a la ruina a infinidad de familias.
El
desarrollo y la mera supervivencia de los camboyanos
se ven estrangulados por la presencia de las minas,
que impiden cultivar en algunas de las zonas más
fértiles y densamente pobladas o que convierten
la tarea de ganarse el pan en una especie de ruleta
rusa. No es difícil ver aquí a los
campesinos trajinando con la ayuda de sus búfalos
de agua en arrozales cercados por carteles en
los que se puede leer: «Peligro, minas».
Necesidad obliga.
Desde
hace ocho años, Kike Figaredo es obispo
de Battambang, una de las dos provincias más
afectadas de Camboya, a la que ha hermanado con
la diócesis de Hiroshima uniendo, como
él dice, «la ciudad de las bombas
con la de las minas». Mientras charlamos
en los jardines del Centro Arrupe, rodeados por
el griterío de criaturas con prótesis
o en silla de ruedas y por un verde más
tropical y frondoso que el de su Asturias natal,
Figaredo cuenta que «el precio de una mina
no llega a los dos euros, mientras que desactivar
sólo una cuesta más de 700».
Y agrega: «Desde que en 1997 se firmara
el Tratado de Ottawa, ya son 156 los Estados que
se han comprometido a no fabricar, comercializar
o utilizar minas antipersona. Sin embargo, en
otros países, como Estados Unidos, Rusia,
China, Pakistán o Israel, los lotes de
minas incluso se regalan al adquirir otro tipo
de armamento».
Como
ha podido comprobar en tantas ocasiones este
licenciado en Ciencias Económicas, Teología
y Filosofía, la vida de una mina es casi
indefinida: «Aun en zonas teóricamente
desminadas, no es raro que todavía haya
accidentes: durante la época de lluvias,
las riadas hacen aflorar en la superficie minas
que podían llevar décadas allí
enterradas, a más profundidad de la normal.
Y esas minas siguen siendo tan devastadoras como
el primer día». Rattanak, el benjamín
del centro, con sus 11 años ha tenido la
desgracia de comprobarlo. El año pasado,
mientras jugaba en el río, recogió
una bomba arrastrada por el agua. Le arrancó
un brazo y un ojo y lo dejó casi ciego
del otro.
Elena del Amo
